El Gobierno busca flexibilizar el cepo salarial y propone un piso de $1 millón para los sueldos más bajos

Tras el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, del programa de créditos hipotecarios financiados con recursos de la ANSES, el Gobierno empezó a explorar nuevas medidas para mejorar los ingresos de los trabajadores y darle impulso al consumo para reactivar la economía. Y en ese marco, desde la Casa Rosada se propuso establecer un piso salarial garantizado de $1.070.000 para los sueldos más bajos de los convenios colectivos, mediante el pago de bonos o sumas fijas no remunerativas que complementen los aumentos acordados en paritarias.

La iniciativa fue planteada en negociaciones reservadas entre funcionarios del Gobierno y referentes de la conducción de la CGT y supone una flexibilización del esquema salarial que la administración de Javier Milei viene aplicando, confirmaron a Clarín fuentes del Ejecutivo y dirigentes sindicales. La intención oficial es mantener el límite del 2% mensual como referencia para los aumentos porcentuales que se homologan en las paritarias, pero habilitar -como parte de esos acuerdos- el pago de sumas fijas o bonos para llevar los sueldos brutos de las categorías inferiores hasta un piso de $ 1.070.000, es decir unos $860.000 en blanco.

Si bien la propuesta está pensada para aliviar la situación en aquellas actividades con salarios más bajos, también tendrá impacto sobre los sueldos del resto de los trabajadores cuyos ingresos se acuerdan en paritarias. La medida apuntaría en forma directa a beneficiar a las categorías inferiores de sectores como textiles, peones rurales, operarios metalúrgicos y de la industria del calzado, ayudantes de la construcción y trabajadores de sectores de servicios como gastronómicos o maestranza, entre otros, cuyos sueldos brutos oscilan entre los $800.000 y $ 1.000.000, bastante por debajo de la línea de pobreza.

Además, la intención oficial de avanzar con el esquema de salario mínimo garantizado se inscribe en el marco de los insistentes reclamos al Gobierno para que disponga medidas destinadas a mejorar los ingresos y reactivar el consumo, y llega después de que el propio Milei rechazara la posibilidad de asistir a las familias endeudadas y atribuyera la situación a un problema “entre privados”. Aunque en el Gobierno insisten en negar que la propuesta pueda ser comparable con un “Plan Platita”, en referencia a las medidas instrumentadas por el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa ya que no implican transferencias del Estado ni un aumento del gasto público, y ratifican que no se aparta de los lineamientos centrales de su plan económico, la iniciativa revela una evidente necesidad política del oficialismo: evitar que el problema del bolsillo se convierta en un costo político que complique el plan de reelección de Milei en 2027.

Con su propuesta, el Gobierno insiste en que el tope de 2% siga funcionando como referencia para los aumentos mensuales que está dispuesto a homologar, pero habilita a los sindicatos a acordar bonos adicionales siempre con caracter de no remunerativo (no aportan a la seguridad social) para incrementar los ingresos de bolsillo de los trabajadores del sector privado formal.

Pese a que la medida atiende uno de sus principales reclamos, en la conducción de la CGT advirtieron a Clarín que es “insuficiente”. Remarcaron que su pretensión, tal como lo plantearon en las conversaciones informales con el Ejecutivo, es que el piso salarial garantizado se equipare con el valor de la canasta básica total, que en julio se ubicó en $1.564.000, y que irán a la carga con ese objetivo en las respectivas negociaciones por actividad. “Proponen un piso de referencia para ayudar ante el daño que está generando el propio modelo, pero no es suficiente”, dijo a este diario uno de los dirigentes de la cúpula cegetista que participa de las conversaciones.

Otro integrante de la primera línea de la central fue más duro: “Están proponiendo maquillar la realidad porque se dan cuenta que tienen que flexibilizar su postura, pero esto no alcanza, vamos a insistir con que ningún salario quede por debajo de la línea de pobreza”.

Con el aval del propio Luis Caputo, el principal impulsor del tope salarial del 2% en las paritarias, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que tiene diálogo aceitado con los jefes sindicales, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que responde a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está encargado de instrumentar el nuevo esquema en las respectivas discusiones paritarias, para lo cual ya le anticipó la semana pasada a varios gremialistas los ejes de la iniciativa.

Pero más allá de la postura de la CGT, la inquietud oficial pasa ahora por la reacción del sector empresario frente al plan. En varias actividades con salarios por debajo de la línea de pobreza, las cámaras empresarias advierten que tienen dificultades para hacer frente al pago de los aumentos ya acordados por la caída de la actividad y el estancamiento de la economía, por lo que supondrá un problema mayor financiar subas adicionales a su personal como las que plantea ahora el Ejecutivo. Cordero deberá maniobrar también frente los representantes empresarios para intentar garantizar que el esquema se aplique en los términos que aspira el Gobierno, evitando que les discusiones deriven en conflictos en las actividades más golpeadas.

La cambio de timón del Gobierno respecto a la política salarial se da en un contexto en el que los propios datos oficiales confirman la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores formales. Según el Indec, en junio, los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 1,9%, por debajo de la inflación de ese mes, que alcanzó el 2,1%. Pero el deterioro se amplifica en la evolución del último año cuando aumentaron 29,6%, mientras que los precios acumularon una suba cercana al 34%. En el primer semestre, la brecha fue todavía mayor: los salarios s subieron 14,5%, frente a una inflación del 19,3%, es decir, casi cinco puntos de diferencia. Desde el inicio de la gestión de Milei los salarios registrados acumulan una contracción real de 3,6%.

Además, la discusión sobre el plan de un piso salarial garantizado tiene lugar en paralelo a la negociación del salario mínimo, vital y móvil, cuyo nuevo monto se definirá este viernes en el marco del Consejo del Salario. Esa mesa, sin embargo, no será el ámbito en el que el Gobierno planteará el mecanismo del piso de los $1.070.000. Actualmente el salario mínimo se ubica en $376.600, muy por debajo de los umbrales de ingresos que determinan los umbrales de pobreza e indigencia.